El calvario de Ali al-Marri
15 de junio de 2007
Andy Worthington
Antes existía la creencia -sin duda el Fiscal General Alberto Gonzales la describiría como
"pintoresca"- de que las personas acusadas de un delito se
consideraban inocentes hasta que se demostrara su culpabilidad. Eso era en los
viejos tiempos, sin embargo, antes de los acontecimientos que cambiaron el
mundo el 11-S, tras los cuales, de acuerdo con los poderes que el Presidente de
Estados Unidos se otorgó a sí mismo en noviembre de 2001, cualquier persona a
la que considerara sospechosa -casi exclusivamente musulmanes, como resultó
ser- podía ser declarada culpable sin necesidad de reliquias legales tan anticuadas
como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
La prisión de Guantánamo está llena de estos nuevos tipos de seres humanos -
"combatientes enemigos ilegales", "no-personas "* culpables
encarceladas para siempre a capricho del Presidente-, al igual que otras
prisiones gestionadas por Estados Unidos en todo el mundo, en Afganistán, Irak,
Diego García y el Cuerno de África. Algunos están escondidos en prisiones de
otros países -regímenes "amigos" que están "con nosotros"
en la "Guerra contra el Terror", incluida Libia, un país dirigido por
un hombre que se parece, pero que claramente no es el coronel Gadafi que una
vez fue nuestro enemigo jurado- donde pueden ser sometidos a "técnicas de
interrogatorio mejoradas" sin que los agentes estadounidenses tengan que
mover un dedo para incriminarse en su "interrogatorio".
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El lunes 11 de junio, el caso de uno de estos "no ciudadanos" -un qatarí
llamado Ali al-Marri, un ejemplo bastante especial que fue capturado en Estados
Unidos- fue examinado por un panel de jueces del Cuarto Circuito, que decidían
si el Presidente tenía derecho a haber mantenido a este hombre encarcelado sin
juicio durante cinco años y medio. Para un ojo inexperto --quizá uno
perteneciente a aquellos de nosotros que aún creemos en el debido proceso-- los
hechos en el caso de al-Marri son difíciles de discernir con certeza, más allá
de las pruebas documentadas relativas a sus movimientos entre septiembre de
2001 y la actualidad.
Residente legal en Estados Unidos -aunque no ciudadano-, Al Marri había estudiado informática en
la Universidad Bradley de Peoria, Illinois, en 1991, y regresó el 10 de
septiembre de 2001 para cursar estudios de posgrado, llevando consigo a su
familia: su esposa y sus cinco hijos. Tres meses más tarde fue detenido y
acusado de fraude y declaraciones falsas ante el FBI, pero en junio de 2003, un
mes antes de que fuera juzgado por estos cargos en un tribunal federal de
Peoria, la fiscalía retiró los cargos e informó al tribunal de que, en su
lugar, iba a ser recluido como "combatiente enemigo".
Detenido en régimen de incomunicación en un calabozo militar de Charleston (Carolina del Sur), no se
le permitió reunirse con representantes de la Cruz Roja Internacional hasta
agosto de 2004, y no se le concedió asistencia letrada hasta octubre de 2004,
cuando Mark Berman, del bufete Gibbons, Del Deo, Dolan, Griffinger &
Vecchione, se hizo cargo de su caso. Desde noviembre de 2005, cuando otro
"combatiente enemigo" estadounidense, José Padilla, fue procesado por
cargos penales no relacionados con la presunta trama terrorista por la que fue
detenido inicialmente en mayo de 2002, al-Marri ha tenido la dudosa distinción
de ser el único "combatiente enemigo" en territorio continental estadounidense.
El lunes, el limbo jurídico en el que se encontraba Al Marri fue finalmente abordado cuando los
jueces del Cuarto Circuito dictaminaron, por 2-1, que el Presidente ya no tenía
derecho a retenerlo sin cargos ni juicio. En pocas palabras, la Constitución no
permite al Presidente ordenar al ejército que detenga a civiles residentes en
Estados Unidos y los retenga indefinidamente sin un proceso penal",
declaró el tribunal, "y esto es así aunque los llame "combatientes enemigos".
Al igual que la reciente debacle de las Comisiones Militares, éste fue un doloroso golpe para
una administración aferrada a su creencia en la prerrogativa presidencial de
crear "combatientes enemigos" a su antojo. Para reforzar su
argumentación extralegal, la administración había dado amplia publicidad a los
cargos contra al-Marri durante los cuatro años anteriores. La orden
presidencial que lo declaró "combatiente enemigo" afirmaba que estaba
estrechamente vinculado a Al Qaeda y representaba "un peligro continuo,
presente y grave para la seguridad nacional de Estados Unidos", y en
varias ocasiones se le ha acusado de tener conexiones con el financiero de Al
Qaeda Mustafa al-Hawsawi, de trabajar como agente durmiente de Al Qaeda en
Estados Unidos, de haber prometido a Osama bin Laden que mataría a estadounidenses
y de tener en su ordenador documentos relacionados con actividades yihadistas,
incluida información sobre cianuro de hidrógeno (utilizado en armas químicas),
conferencias de Osama bin Laden y una caricatura de aviones estrellándose
contra el World Trade Center.
Estas acusaciones pueden ser ciertas o no, pero los que pertenecemos al "pintoresco"
viejo mundo del debido proceso creemos que los jueces del Cuarto Circuito
tenían toda la razón al concluir que la mente de Bush por sí sola no era el
lugar apropiado para tomar estas decisiones. En el simple mundo maniqueo del
Presidente y sus partidaria, sin embargo, la decisión de los jueces es
aparentemente algo parecido a la alta traición. Entre aquellos cuyas opiniones
son tan claras como la del Presidente se encuentra Bradford Berenson, uno de
los ocho consejeros asociados durante el mandato de Alberto Gonzales como
consejero de la Casa Blanca, que se quejaba en el Wall
Street Journal de que, "alimentado por la revolución de los
derechos de la década de 1960, la celebración del poder judicial posterior a la
era de los derechos civiles y la sospecha y desconfianza en el poder ejecutivo
y la autoridad militar tras el Watergate y la guerra de Vietnam", el
"péndulo" de los tribunales federales estaba "oscilando ahora
demasiado en la otra dirección".
Berenson procedió a describir a al-Marri en términos de una certeza tan rigurosa que sólo puedo
concluir que estaba leyendo la mente del Presidente: El Sr. Marri es un miembro
de Al Qaeda que se entrenó en el campo de entrenamiento terrorista de Osama bin
Laden en Afganistán. En el verano de 2001, se reunió con Khalid Sheikh
Mohammed, el cerebro de los atentados del 11 de septiembre, y luego viajó a
Estados Unidos justo antes de esos atentados para servir como agente durmiente
de Al Qaeda. El gobierno cree que pretendía formar parte de una segunda oleada
de atentados contra nuestro país y que estaba investigando formas de perturbar el
sistema financiero estadounidense. Tras su detención, el gobierno registró su
ordenador y encontró material relacionado con armas químicas, la yihad y Al
Qaeda, así como 1.000 números de tarjetas de crédito".
Al Sr. Berenson -y a sus ídolos en el gobierno- sólo puedo decirles: Ali al-Marri puede ser todas
estas cosas, pero necesitamos abogados, jueces y jurados para averiguarlo, no
clarividentes autodeclarados con una férrea creencia en el poder ejecutivo sin restricciones.
* Mi uso de la palabra se inspira en Mark Curtis y su libro Unpeople:
Britain's Secret Human Rights Abuses.
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